Fuente: Ciudad y Estado
Un grupo bipartidista de diputados estatales está instando a la gobernadora Kathy Hochul a que declare una emergencia de salud pública ante la epidemia de opiáceos que azota el estado. Aunque la gobernadora se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre su compromiso de hacer frente al aumento vertiginoso de las muertes por sobredosis, aún no ha declarado una emergencia por catástrofe que abriría nuevas vías para combatir la crisis.
Un total de 56 legisladores estatales de todo Nueva York firmaron la carta enviada a Hochul, a la que ha tenido acceso City & State, impulsada por la senadora estatal Nathalia Fernández y la diputada Jessica González-Rojas. Entre ellos se incluyen nueve republicanos, además de las casi cuatro docenas de demócratas. «En memoria de las decenas de miles de vidas perdidas en la última década y para evitar más pérdidas de vidas en nuestro estado, le recomendamos encarecidamente a usted, gobernadora Hochul, que declare de inmediato una emergencia estatal por sobredosis», reza la carta.
La carta señalaba que, además de atraer «la atención necesaria» por parte de las organizaciones de salud pública, los responsables estatales y la ciudadanía, declarar una emergencia por opioides facilitaría al gobernador la adopción de medidas para hacer frente al aumento de las sobredosis. Una declaración de emergencia por catástrofe permite al ejecutivo suspender y eludir determinadas leyes con el fin de abordar el problema con mayor rapidez. La carta menciona específicamente la exención de los copagos para el tratamiento del consumo de sustancias, el aumento de las tarifas de Medicaid para los proveedores de tratamiento y «la creación de normativas de emergencia que permitan a las organizaciones comunitarias mejorar los métodos y servicios de prevención de sobredosis».
Durante los últimos años, Nueva York ha registrado nuevas cifras récord de muertes por sobredosis. En 2022, unas 6.670 personas fallecieron por sobredosis. Ese mismo año, la ciudad de Nueva York registró el mayor número de muertes por sobredosis desde que se empezaron a recopilar datos en el año 2000, con más de 3.000. New York Focus informó en diciembre de que se preveía que el estado registrara 6.900 muertes por sobredosis entre julio de 2022 y julio de 2023. «Cada vida perdida a causa de la epidemia de opiáceos es una tragedia que no podemos permitirnos ignorar», afirmó Fernández en un comunicado. «Al declarar una emergencia estatal por sobredosis, podemos dar prioridad a la salud pública y salvar vidas. Es hora de actuar».
El expresidente Donald Trump declaró una emergencia de salud pública federal en torno a la epidemia de opiáceos en 2017. Otros estados, entre ellos Massachusetts, Pensilvania y Florida, han declarado emergencias a nivel estatal. Hochul ha declarado otras emergencias por catástrofes, como la relacionada con la violencia armada. «El fentanilo y la xilazina han agravado aún más esta crisis de salud pública y cada muerte puede relacionarse con la inacción del Gobierno», afirmó González-Rojas en un comunicado. «Las muertes por sobredosis no hacen más que aumentar y es hora de que tratemos esta catástrofe como las emergencias de salud pública que suponen la COVID-19 y la violencia armada».
Hochul ha sido objeto de críticas por su enfoque ante la epidemia de opiáceos, incluida su falta de apoyo a los centros de inyección supervisada. Un grupo de expertos encargado de determinar la mejor forma de destinar los fondos estatales recibidos en acuerdos con las empresas de opiáceos ha recomendado en dos ocasiones utilizar parte de esos fondos para financiar dichos centros, que ofrecen a las personas la oportunidad de consumir sustancias obtenidas previamente bajo supervisión médica con el fin de prevenir las muertes por sobredosis. Sin embargo, la administración de Hochul se ha negado hasta ahora a seguir esa recomendación, debido a que dichos centros siguen siendo ilegales según la legislación federal, estatal y local. Hasta la fecha, solo existen dos en el estado, en la ciudad de Nueva York, en virtud de un acuerdo con el alcalde y la policía local.
La carta no insta a Hochul a apoyar los centros de inyección supervisados, pero la junta del fondo del acuerdo sobre los opioides volvió a pedir a la gobernadora que asignara los fondos a principios de este año.
El año pasado, Hochul puso en marcha un Grupo de Trabajo para la Prevención de Sobredosis con el objetivo de hacer frente a la epidemia que afecta al estado. En diciembre, destacó la rapidez con la que Nueva York había distribuido los fondos del acuerdo sobre los opioides en comparación con otros estados, como parte de un balance de fin de año sobre lo que ella denominó medidas «pioneras a nivel nacional» para hacer frente a la crisis. Hochul y su oficina han destacado constantemente las inversiones, que ascienden a unos 2.800 millones de dólares, realizadas en servicios de tratamiento de adicciones desde que asumió el cargo. Además, ha hablado en más de una ocasión de haber perdido personalmente a un ser querido a causa de una sobredosis.
A principios de este año, un grupo de trabajo bipartidista de Staten Island pidió a Hochul que declarara también el estado de emergencia por la epidemia de opiáceos.