Fuente: AMNY
Los defensores de los derechos de Nueva York se están movilizando en apoyo de un proyecto de ley estatal que permitiría a los tribunales civiles de Nueva York dictar órdenes contra el acoso que ofrezcan protección inmediata frente a esta forma de acoso.
En la actualidad, Nueva York limita las órdenes contra el acoso a los tribunales penales y de familia. El proyecto de ley permitiría a cualquier persona solicitar una orden de protección temporal ante el Tribunal Supremo Civil y que se le concediera una vista ese mismo día o al día siguiente en que el tribunal esté abierto.
La ley, denominada «Ley para poner fin a las conductas depredadoras reiteradas y extremadamente graves» (CREEP), sigue el modelo de otros 43 estados que han promulgado órdenes de emergencia contra el acoso para ofrecer a las víctimas de acoso una vía más rápida hacia la protección.
«Todos los neoyorquinos merecen sentirse seguros, pero en estos momentos nuestras leyes están fallando a demasiadas personas que sufren acoso y hostigamiento, sobre todo ahora que el abuso se produce cada vez más en Internet», afirmó en un comunicado escrito la promotora del proyecto de ley en la Asamblea, Jessica González-Rojas (demócrata por Queens). «La Ley CREEP ofrecería a las víctimas una vía clara e inmediata hacia la protección, sin obligarlas a esperar a que el sistema se ponga al día o a que la situación se agrave».
El proyecto de ley se aprobó en el Senado estatal en febrero, pero sigue tramitándose en la Comisión de Justicia de la Asamblea. Los defensores de la iniciativa están contando con la colaboración del rapero de Brooklyn Joey Bada$$, la modelo y activista Lameka Fox y el fiscal del distrito de Brooklyn, Eric González, para dar mayor visibilidad al proyecto de ley y sacarlo de su estado de limbo. El proyecto de ley también se aprobó en el Senado el verano pasado, pero posteriormente quedó en el olvido en la Asamblea.
El diputado Charles Lavine (demócrata por el condado de Nassau), presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, apoya el proyecto de ley, pero se ha negado a comentar si tendrá tiempo de tramitar la Ley CREEP en la comisión a tiempo para someterla a votación durante la sesión actual.
«Soy uno de los copatrocinadores de esta importante propuesta legislativa. Tengo muchas esperanzas de que se convierta en ley», afirmó Lavine en una declaración a amNew York.
La orden de protección civil puede obligar a una persona acusada de acoso a interrumpir todo contacto con la víctima, mantenerse alejada de lugares como su domicilio o su centro educativo, poner fin a la vigilancia digital, borrar imágenes o vídeos perjudiciales, pagar las costas judiciales y someterse a un tratamiento de salud mental.
La legislación establece un sistema mediante el cual un juez puede dictar tanto una orden provisional contra el acoso para obtener una protección inmediata como una orden definitiva en caso de que la orden provisional no resulte eficaz.
El incumplimiento de dicha orden puede dar lugar a cargos penales, como amenazas y desacato.
«Al permitir que los tribunales civiles intervengan antes, podemos evitar que se produzcan más daños y garantizar que las personas cuenten con el apoyo que necesitan cuando más lo necesitan. La aprobación de la Ley CREEP supone adaptar nuestra legislación a una época en la que el acoso se extiende a los espacios digitales y garantizar que las víctimas reciban la seguridad y la dignidad que se merecen», afirmó González-Rojas.
