Fuente: Newsday
ALBANY — Los legisladores estatales afirman que el jueves dieron un gran paso para colmar las lagunas jurídicas de la legislación de Nueva York sobre acoso, que actualmente permite a los sospechosos eludir la acción judicial y seguir acosando a las víctimas.
La Asamblea estatal, por 140 votos a favor y ninguno en contra, aprobó definitivamente un proyecto de ley denominado «Ley contra las conductas repetidas, extremadamente graves y abusivas (CREEP)». El Senado estatal lo había aprobado por unanimidad a principios de este año.
Si la gobernadora Kathy Hochul promulga este proyecto de ley, los tribunales podrían dictar órdenes de protección para las víctimas aunque estas no mantengan una relación familiar o íntima con la persona que las acosa, una disposición exigida por la legislación vigente.
Ese requisito genera lagunas legales que quedaron al descubierto en un reportaje de Newsday sobre un hombre al que se le permitió seguir acosando y hostigando a Melanie Smith, una enfermera del condado de Suffolk, mientras las fuerzas del orden parecían incapaces de tomar medidas. El presunto acoso comenzó después de que ella pusiera a la venta un iPhone en Facebook Marketplace, y se prolongó durante tres años.
El presunto acosador de Smith, Michal Pacek, de 47 años y residente en Nueva Jersey, fue detenido hace dos semanas y compareció ante el juez por nuevos cargos. El fiscal del condado de Suffolk, Ray Tierney, y otros expertos señalaron que este caso, que se ha prolongado durante mucho tiempo, ha puesto de manifiesto problemas en la legislación vigente, como, por ejemplo, el hecho de que se permita a un sospechoso eludir una orden de protección por no haber conocido nunca a la víctima en persona.
Pacek se ha declarado inocente de una serie de cargos.
El proyecto de ley fue aprobado en Albany justo a tiempo: los legisladores tienen previsto levantar la sesión anual este viernes.
«Seamos claros: hoy en día, el acoso no solo se produce en persona», afirmó la diputada Jessica González-Rojas (demócrata por Jackson Heights) durante la votación celebrada el jueves en la Asamblea. «Se produce en Internet, a través del acoso cibernético, los deepfakes, el rastreo de la ubicación, el acoso en las redes sociales y la difusión de imágenes íntimas. Nuestras leyes deben adaptarse a las realidades de la era digital».
Aunque la ley se propuso el año pasado y surgió a raíz de varios casos ocurridos en todo el estado, algunos legisladores afirmaron que la cobertura del caso Pacek por parte de Newsday contribuyó a centrar la atención en este tema.
«La intensa cobertura de Newsday sobre los peligros del acoso ha dado lugar a una mayor atención por parte de los legisladores», afirmó el diputado Charles Lavine (demócrata por Glen Cove).
«En nuestro estado estamos viviendo una crisis de salud mental y se ha dado a conocer un caso terrible en Long Island que acaba de publicar el Newsday», afirmó el diputado Keith Brown (R-Northport) al debatir el proyecto de ley durante la votación. «En pocas palabras, una mujer publicó algo en Marketplace y había sido acosada de forma tremenda por una persona que necesitaba ayuda».
González-Rojas afirmó que, de aprobarse, el proyecto de ley permitiría a Nueva York sumarse a otros 43 estados que permiten a una persona solicitar una orden de protección ante un tribunal civil, y no ante un tribunal penal o de familia.
«En la actualidad, las únicas opciones que tiene una víctima son “llamar a la policía o iniciar un proceso penal”», afirmó el jueves.
«Este proyecto de ley ofrece algo de gran importancia: una vía civil hacia la seguridad», afirmó González-Rojas. «Otorga a las víctimas el control y el acceso a una orden de protección sin obligarlas a recurrir a un sistema judicial penal en el que quizá no confíen, con el que quizá no se sientan seguras al interactuar o en el que, sencillamente, no quieran confiar».
No todo el mundo está de acuerdo.
La Sociedad de Asistencia Jurídica, que representa a personas que no pueden permitirse un abogado, ha calificado la legislación de innecesaria y ha afirmado que la responsabilidad de detener a quienes infringen las leyes contra el acoso debería recaer en la policía. La sociedad ya había declarado anteriormente a Newsday que una de las principales cuestiones del caso Pacek es «por qué la policía no tomó medidas» antes.
Hochul, que tendrá hasta el 31 de diciembre para promulgar o vetar el proyecto de ley, no hizo declaraciones de inmediato tras la votación de la Asamblea.
